Buenos Aires, Republica Argentina. domingo, 20 de abril de 2014
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SOCIEDAD > CONVENTILLOS DE LA BOCA
La Defensorí­a del Pueblo CABA promovió una acción de amparo contra el Gobierno Porteño y el IVC

En la acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Instituto de Vivienda, esta Defensoría del Pueblo solicitó al Poder Judicial de la CABA el urgente dictado de una medida cautelar “a efectos de que se arbitren –en lo inmediato- las medidas necesarias para garantizar a todos los beneficiarios del PRHBLB -en particular a los niños, niñas y adolescentes- estándares mínimos de seguridad y habitabilidad, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, poniendo fin de esa manera a la situación de riesgo en la que el Ejecutivo local ha colocado a los beneficiarios de esta operatoria habitacional”.  

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Conventillos de La Boca

El pasado 6 de septiembre de 2011, la Defensoría del Pueblo de la CABA promovió una acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad y el Instituto de Vivienda, ante las irregularidades y omisiones de dicho instituto en la ejecución del Programa de Rehabilitación Habitacional del Barrio de La Boca (PRHBLB). 

El Programa de Rehabilitación Habitacional del Barrio de La Boca fue creado en el año 2000 mediante la Resolución 1142/SS/00, y forma parte de las diversas políticas que desde el año 1984 viene diseñando el Estado local con el objetivo de garantizar el derecho a una vivienda adecuada de un conjunto de familias de escasos recursos que habitan en conventillos en el barrio de La Boca. 

El PRHBLB propone a sus destinatarios la entrega de una unidad de vivienda nueva en propiedad horizontal con un consorcio constituido y con transferencia plena del dominio. Al respecto, el Programa plantea dos líneas de acción principales: un plan de rehabilitación integral de los inmuebles -que se articula con un plan de relocalizaciones transitorias de las familias- y un plan de mantenimiento. 

En el marco del Programa mencionado, el Estado local ha adquirido la propiedad dominial de 29 inmuebles, de los cuales 5 funcionan como hogares de tránsito y uno tiene destino de vivienda transitoria. A la fecha, de este universo de inmuebles, sólo 4 fueron rehabilitados y adjudicados en venta a los beneficiarios del Programa.

Por otro lado, la omisión del Estado de iniciar y ejecutar las obras constructivas ha “cronificado” la transitoriedad de la relocalización de los grupos familiares alojados en los hogares de tránsito -que ascendían a 62 en el año 2008-, que debieron ser trasladados de los conventillos que se afectaron a obra nueva. El alojamiento en estos hogares transitorios ha sido desde un principio deficitario, ya que dichos inmuebles no cumplimentan estándares mínimos en materia de habitabilidad, seguridad, salubridad e higiene.

De este modo, los beneficiarios del PRHBLB –que al mes de octubre de 2008 ascendían a 232 familias y 960 personas, incluyendo cientos de niños y niñas- se ven obligados a continuar habitando inmuebles –de dominio del GCBA- que, hace ya más de dos décadas y media, fueron calificados por la propia Administración como obsoletos, inseguros y riesgosos. La inacción estatal de estos años ha contribuido enormemente a agravar la situación de riesgo que se tradujo en el acaecimiento de una multiplicidad de siniestros, algunos de los cuales tuvieron el lamentable saldo de víctimas fatales. En este sentido, desde el año 2004 se han producido 8 incendios de conventillos y hogares de tránsito, en los que han perdido la vida 4 niños. 

Además de los incendios referenciados, la Defensoría del Pueblo ha podido relevar desmoronamientos de locales y habitaciones, accidentes por falta de protección en escaleras y/o balcones, derrumbes, desprendimientos de sectores del cielorraso y descargas eléctricas, entre otros déficit que han sido oportunamente notificados a la Administración en las diversas resoluciones dictadas -Nº 5340/04; 512/06 y 1965/10- en las que, de modo enfático, se puso de manifiesto la alta peligrosidad derivada de la inacción estatal.

Por otro lado, el accionar de la Administración, además de vulnerar derechos constitucionales, resulta irrazonable toda vez que ha efectuado una importante erogación de recursos públicos para adquirir inmuebles que finalmente destina a reproducir las condiciones de precariedad que los beneficiarios del programa ya tenían en sus hogares anteriores.     

En la acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Instituto de Vivienda, esta Defensoría del Pueblo solicitó al Poder Judicial de la CABA el urgente dictado de una medida cautelar “a efectos de que se arbitren –en lo inmediato- las medidas necesarias para garantizar a todos los beneficiarios del PRHBLB -en particular a los niños, niñas y adolescentes- estándares mínimos de seguridad y habitabilidad, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, poniendo fin de esa manera a la situación de riesgo en la que el Ejecutivo local ha colocado a los beneficiarios de esta operatoria habitacional”.  

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