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Urbanidad
Martes 09 de Octubre de 2018

Agilizan ley para facilitar la compra venta de edificaciones en Villa 31

El Jefe de gobierno pidió a sus legisladores apurar la ley para la compra venta de edificaciones en donde no se esta permitido en el barrio.

El Ejecutivo envió un proyecto de urbanización de la Villa 31 que no estipula cuánto deben pagar los vecinos por sus casas, permite la reventa y anuncia que solo construirán 1.200 de las 2.500 viviendas prometidas.

Si bien el proyecto de Ley N° 2736-J-2018 establece que la escrituración de las parcelas a las familias del barrio solo pueden ser destinadas a vivienda única y de ocupación permanente, las autoriza a vender siempre y cuando demuestren que  tienen otra vivienda definitiva y cancelen el valor total de la hipoteca constituida sobre el inmueble.

El proyecto estipula que la vivienda también debe ser vivienda única y de ocupación permanente para el comprador excepto si el nuevo propietario le paga al gobierno porteño tres veces el valor de la hipoteca por adelantado.

De este modo, la tierra pública se transformará en tierra con destino a vivienda social cuando pasen a propiedad de las familias que viven en el Barrio rápidamente se convertirá  en tierra para especulación inmobiliaria cuando los futuros compradores paguen al gobierno tres (3) hipotecas y queden liberados de todo cargo social.

 El Observatorio del Derecho a la Ciudad señala que, “en definitiva, Larreta está pidiendo a la Legislatura autorización para que la tierra pública que actualmente está ocupada por un barrio popular termine finalmente en manos del mercado especulativo inmobiliario. Este proyecto de ley tiene como primer objetivo que la tierra que se encuentra fuera del comercio por ser pública, por ser de la ciudad, sea mercantilizada, es decir, ingrese al mercado inmobiliario y quede simplemente sujeta a los mandatos de criterios puramente económicos sin la necesidad de cumplir ningún fin social”.

Y agrega:  “El proyecto  tiene un norte muy claro, transformar un proceso de integración social y urbana de un Barrio Popular en un proceso de expulsión lento de su población y quebranto de su identidad barrial haciendo accesible el suelo a la explotación futura y especulativa del mercado inmobiliario”.

El Observatorio destaca que algo que facilitará el ingreso del capital inmobiliario es “la desprotección en la que quedarán las familias del barrio por el shock económico que implica pasar de la informalidad a la formalidad. Las familias deberán pagar de un momento a otro, sin que puedan adaptarse y en un contexto de grave recesión económica del país, el crédito por la vivienda que adquirirán en propiedad, las expensas, los servicios públicos, los impuestos inmobiliarios, etc.”.

El proyecto de ley no tiene ningún esquema de protección de las familias para que el peso de las deudas y los costos económicos de la formalidad no sean un arma de presión para que decidan vender su propiedad o para que no terminen sin servicios públicos por falta de pago. Según el relevamiento que hizo el gobierno en el año 2017, el 68,8 de los hogares de la villa se encontraba bajo la Línea de Pobreza.

En el proyecto de ley, no se dispuso ningún mecanismo de subsidio, ayuda económica u otra herramienta para evitar los efectos que generan el endeudamiento o los cortes de los servicios públicos. Y los límites establecidos en el proyecto de ley en relación al tope del monto de las cuotas no incluye el importe que se deberá pagar por los impuestos y servicios que se sumarán a dicha cuota.

Bajo autopista

El proyecto de ley pretende eliminar en forma íntegra el sector Bajo Autopista del Barrio (art. 35 inciso b) sin brindar razones técnicas ni fundamentos de dicha decisión. La voluntad manifiesta del gobierno es liberar suelo “para el futuro ingreso de comercios u otras actividades que compitan y destruyan la economía productiva y de servicios local”.

El art. 22 establece que la Autopista Pres. Arturo Umberto Illia se transformará en un “parque metropolitano” y sólo se exige el 65% de espacio verde del total de la superficie de la ex Autopista. La decisión destruye el argumento del gobierno para forzar la relocalización de todo el sector Bajo Autopista. El gobierno expresaba que las familias por cuestiones ambientales no deberían vivir bajo una autopista. La autopista dejará de existir para transformarse en un “Parque Metropolitano”. ¿Por qué el gobierno insiste en relocalizar en forma íntegra la totalidad de un sector del barrio? Para liberar en forma interrumpida tierra del Barrio para instalar nuevos comercios importados para desmantelar la economía del barrio.

Otra forma de desmantelar la estructura económica del barrio para debilitar económicamente a las familias está dispuesta en el artículo 71 del proyecto de ley que permite al gobierno instalar nuevas actividades económicas que no sean llevadas adelante por los actuales habitantes siempre y cuando dichos proyectos productivos generen al menos un 20% de empleo formal en beneficio de los/as vecinos/as del Barrio.

El anterior proyecto de integración social y urbana del barrio (Dictamen aprobado en el año 2011 en cumplimiento de la Ley N° 3.343) establecía la construcción de 2.500 viviendas nuevas. El proyecto de ley no establece cantidad de viviendas nuevas pero el GCBA informó el 24 de septiembre en la Legislatura que las viviendas nuevas serán menos de 1.200. Es decir, menos de la mitad.

Por otra parte, la altura de los complejos habitacionales no superarán la PB + 3 pisos. Esto tiene como objetivo impedir que el Barrio se consolide con viviendas nuevas y que a los desarrolladores inmobiliarios le resulte más fácil comprar complejos con menos unidades funcionales.

El gobierno se reserva inmensos predios como zonificación Urbanización Futura que “ estarán destinados a desarrollos urbanos integrales que exigen un plan de conjunto previo, en base a normas y programas especiales. Es decir, se extraen estas superficies del predio del proceso de integración social y urbana para ser destinados a futuro, seguramente, a emprendimientos inmobiliarios privados.

El proyecto no fija el valor que deberán pagar las familias por sus viviendas. Decenas de familias ya fueron relocalizadas en las viviendas terminadas del Conjunto Habitacional Containera y aún no saben el precio que deberán pagar en cuotas.

La Secretaría de Integración Social y Urbana, a pesar de que la Ley N° 3.343 prohíbe los desalojos forzosos, realizó varios desalojos violentos de familias que no estaban de acuerdo con relocalizarse. Cualquier voluntad contraria a los intereses del gobierno, son respondidas por parte de la secretaría con represión, violencia o amenazas.  En esta línea, en el proyecto de ley no figura de manera expresa la prohibición de desalojos forzosos del barrio.

Todas estas propuestas del proyecto de ley se enmarcan en la voluntad explícita del gobierno del Pro de re-urbanizar el Barrio Carlos Mugica a través del mercado inmobiliario. Esto implica expulsión de su población a largo plazo y la transformación íntegra del barrio de acuerdo con los designios del capital financiero inmobiliario.

“La sociedad porteña está destinando ingente recursos (endeudamiento, venta de otras tierras públicas, recursos presupuestarios, etc) porque cree que lo mejor para la ciudad es caminar hacia la integración social y urbana de cada sector de la ciudad y que ésta perdure en el futuro. En cambio, el gobierno de Larreta está usando todos estos recursos que nos pertenecen para facilitar que los desarrolladores inmobiliarios se hagan de estos suelos tan codiciados para emprendimientos que no estarán destinados a las familias que necesitan vivienda sino para aquellos sectores de mayores recursos económicos de la sociedad y para fines financieros-especulativos” concluye el minucioso documento elaborado por el Observatorio para la Ciudad.